24 October 2019 07:12 AM

Título Tercero<br> Derechos, libertades y deberes públicos

Monday، 27 January 2014 12:00 AM

(Traducción no oficial)

Artículo 51

La dignidad es un derecho inviolable de todo ser humano. El Estado debe garantizarla, protegerla y respetarla.

Artículo 52

Todas las formas de tortura constituyen un delito imprescriptible.

Artículo 53

Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley. Tienen los mismos derechos, libertades y deberes sin discriminación por motivos de religión, creencia, sexo, origen, raza, color, idioma, discapacidad, nivel social, afiliación política o geográfica, o por cualquier otro motivo.

La discriminación y la incitación al odio son delitos castigados por la ley.

El Estado tomará todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación, y la Ley regulará el establecimiento de una comisión ad hoc independiente.

Artículo 54

La libertad personal es un derecho natural, protegido e inviolable. Excepto casos in fragantis, nadie podrá ser objeto de detención, inspección, encarcelamiento, o de cualquier forma de privación de libertad excepto por una orden judicial motivada que requiere una interrogación.

Toda persona detenida debe ser informada, de forma inmediata y por escrito, de las razones de su detención y de sus derechos. Se debe facilitarle, de forma inmediata, el contacto con los suyos y con su abogado, y presentarle a disposición de la autoridad a cargo de la interrogación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención.

Deberá ser interrogada solo en presencia de un abogado; si no lo tuviera, se le proveería un letrado. A las personas con discapacidad se les proporcionará toda asistencia necesaria, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley.

Toda persona, privada de sus libertad o no, tiene derecho a reclamar ante un juzgado contra el motivo de su detención y a ser respondida en un plazo de una semana. Si no se le responde, su inmediata puesta en libertad  será obligatoria.

La Ley regula las normas de la prisión preventiva, su duración y sus causas, y los casos que dan lugar a una indemnización que el Estado debe pagar por una prisión preventiva indebida o por una ejecución de una pena que ha sido revocada por una sentencia judicial en firme.

En todos los casos, los imputados ​​no pueden ser juzgados por crímenes castigables por prisión sin presencia de un abogado contratado o designado. 

Artículo 55

Toda persona que ha sido objeto de detención, encarcelamiento o privación de su libertad, tiene que ser tratada dignamente y no puede ser torturada, amenazada, coaccionada o perjudicada, física o moralmente. Tan solo aquellos lugares, que son humana e higiénicamente aptos y que están bajo supervisión judicial, podrán ser utilizados para detención o encarcelamiento y el Estado proporcionará los medios de acceso a los mismos a las personas con discapacidad.

La infracción de cualquiera de dichas condiciones es un delito castigado por ley.

El acusado tiene derecho a guardar silencio. Cualquier declaración que se constata  que fue bajo cualquier forma de coerción, coacción o amenaza, será considerada invalidada y fútil.

Artículo 56

La prisión tiene como objetivo la formación y rehabilitación de los condenados. Las prisiones y los centros de detención se someten a supervisión judicial y se prohíbe, en los mismos, todo lo que va en contra de la dignidad humana o pone en riesgo la salud personal.

La Ley regula las disposiciones de la rehabilitación, la reintegración social y la facilitación de una vida digna a los convictos tras su puesta en libertad.

Artículo 57

La vida privada es invulnerable; está protegida y no puede ser violada.

Se garantiza la invulnerabilidad y la confidencialidad de las comunicaciones postales, telegráficas, electrónicas, telefónicas y las hechas por otros medios a no ser  que haya una resolución judicial. No podrán ser confiscadas ni observadas o controladas sin una orden judicial motivada, por un período determinado y sólo en los casos previstos por la ley.

El Estado protegerá el derecho de los ciudadanos a usar todas las formas de los medios generales de comunicación. No pueden ser suspendidos ni interrumpidos ni arbitrariamente privados su uso a los ciudadanos. Todo esto será regulado por la ley.

Artículo 58

Son invulnerables los domicilios. Salvo en casos de peligro inmediato o de socorro, no se podrán irrumpir, registrar, espiar ni controlar, sin una orden judicial motivada, en la que se especifica el lugar, el tiempo y el propósito, y sin detrimento de los casos y de las formas establecidas por la ley. Aquellos que se encuentren en un domicilio deben ser alertados e informados de la resolución judicial emitida al respecto, antes de acceder o registrar al mismo.

Artículo 59

Toda persona tiene derecho a una vida segura. El Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de los residentes en su Territorio.

Artículo 60

El cuerpo humano es invulnerable. La agresión, la deformación, la mutilación del mismo es un delito castigado por ley. El tráfico en órganos humanos está prohibido. Ninguna persona será sujeta a un experimento médico o científico sin su consentimiento libre y documentado, y conforme a las normas asentadas en el ámbito de la ciencia médica, y de la forma regulada por la ley.

Artículo 61

La donación de tejidos u órganos es un don de vida. Toda persona tendrá derecho a donar los órganos de su cuerpo, durante su vida o después de su muerte, en virtud de un consentimiento o un testamento certificado. El Estado debe crear un mecanismo que regula las normas de la donación y el trasplante de órganos con arreglo a la ley.

Artículo 62

La libertad de circulación, residencia y emigración está garantizada.

Ningún ciudadano podrá ser desterrado ni prohibido de repatriación.

A ningún ciudadano se le impedirá abandonar el país, ni se le impondrá un arresto domiciliario salvo por una sentencia judicial motivada, por un periodo definido y solo en los casos prescritos por la ley.

Artículo 63

Todas las formas y tipos de deportaciones de los ciudadanos, arbitraria y forzadamente, están prohibidos, y la infracción de esta norma es un delito imprescriptible.

Artículo 64

La libertad de creencia es un derecho absoluto.

El Estado debe garantizar la libertad de la práctica religiosa, y la construcción de lugares de culto para las religiones divinas, según los criterios establecidos por la ley.

Artículo 65

Se garantiza la libertad de pensamiento y opinión. Cualquier persona tiene derecho a expresar y difundir su opinión mediante la palabra, el escrito, el dibujo o cualquier otro medio de expresión o difusión.

Artículo 66

Se garantiza la libertad de cátedra. El Estado debe patrocinar a los investigadores y inventores, proteger sus inventos y procurar aplicarlos.

Artículo 67

La libertad de creación artística y literaria está garantizada. El Estado debe impulsar la literatura y las artes, patrocinar a los creadores, proteger sus obras y facilitar los medios necesarios para promocionarlos.

Solo la Fiscalía General puede iniciar o presentar una demanda judicial para detener o confiscar las obras artísticas, literarias o intelectuales, o contra sus autores sino por la. Ninguna pena privativa de la libertad puede ser impuesta por los delitos de la publicación de una obra  artística, literaria o intelectual. En cuanto a los crímenes relacionados con la incitación a la violencia, la discriminación entre los ciudadanos o el atentado contra el honor de los individuos, la ley determinará las sanciones.

En tales casos, el juzgado puede obligar al condenado a pagar una indemnización punitiva a la víctima, además de las compensaciones originales que le debe a la víctima por los daños. Todo se regulará por ley.

Artículo 68

La información, los datos, los documentos oficiales y las estadísticas son propiedad del pueblo. Y facilitar la data, desde sus diferentes fuentes, es un derecho garantizado por el Estado para todos los ciudadanos. El Estado se compromete a facilitarlos y a ponerlos a disposición de los interesados con total transparencia. La ley regulará los procedimientos de obtenerlos, revelarlos y restringirlos así como las normas de su depósito y su archivo, la reclamación por la negación a  facilitarlos y la sanción a quienes los ocultan u ofrecen premeditadamente informaciones incorrectas.  

El Estado se compromete a depositar los documentos oficiales tras la terminación del trabajo con los mismos en el Archivo Nacional, protegerlos, asegurarlos contra la pérdida y el deterioro, restaurarlos y digitalizarlos usando todos los medios e instrumentos modernos, con arreglo a la ley

Artículo 69

El Estado debe proteger todos los tipos de derechos de propiedad intelectual en los diferentes campos, y establecer un aparato especializado para defender estos derechos y garantizarlos la protección jurídica, conforme a la Ley.

Artículo 70

Las libertades de prensa, de impresión, de publicación en papel y de difusión audiovisual y digital, están garantizadas. Todas las personas egipcias, físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen derecho a poseer y publicar periódicos y, fundar medios de comunicación, audiovisuales y digitales. En conformidad con las normas que establece la ley, los periódicos se publican por la simple notificación. La ley regula los trámites de creación y posesión de estaciones de emisión radiofónica o audiovisual, y periódicos digitales.

Artículo 71

Se prohíbe, de cualquier forma, censurar, confiscar, suspender o cerrar periódicos y medios de comunicación egipcios. Se podrá, de una manera excepcional, imponer una censura específica en los tiempos de guerra o de movilización general.

No se impondrá penas privativas de la libertad por delitos de publicación o de difusión. La ley determinará las penas de los delitos de la incitación a la violencia y a la discriminación entre los ciudadanos, y del atentado contra el honor de los individuos.

Artículo 72

El Estado debe garantizar la independencia de las instituciones periodísticas y los medios de comunicación estatales, de manera que garantice su imparcialidad, la representación proporcional de todas las opiniones y tendencias políticas e intelectuales, así como de todos los intereses sociales, de modo que asegure la igualdad y la equidad de oportunidades en la comunicación con la opinión pública.

Artículo 73

Se reconoce el derecho a organizar reuniones públicas, procesiones y manifestaciones y toda forma de protestas pacíficas, sin armas de cualquier tipo y  previa notificación  en los términos establecidos por la ley.

Se garantiza el derecho de celebrar reuniones privadas pacíficas sin necesidad de notificación previa y queda prohibida la asistencia, la vigilancia y todo proceso de escucha oculta por parte de los agentes de seguridad. 

Artículo 74

Los ciudadanos tienen derecho a formar partidos políticos, tras una previa notificación, que regulará la ley. Está prohibido ejercer ninguna actividad política o establecer partidos políticos a base de una religión o de una discriminación por género, etnia o ubicación geográfica. Tampoco se puede practicar toda actividad contraria a los principios de la democracia, o clandestina o de carácter militar o paramilitar.

Los partidos sólo podrán ser disueltos por una resolución judicial.

Artículo 75

Los ciudadanos tienen derecho a crear sociedades e instituciones civiles conforme a los principios democráticos. Estas organizaciones tendrán una personalidad jurídica una vez notificadas. Deberán operar libremente sin que las autoridades administrativas puedan intervenir en sus asuntos ni disolver estas entidades, sus juntas  administrativas  o sus patronatos, excepto por una resolución judicial.

Tanto la creación como el mantenimiento de organizaciones civiles, que tienen un sistema o una actividad confidenciales, o de índole militar o paramilitar están prohibidos,  según lo regulado por la ley.

Artículo 76

La libertad de fundar sindicatos y asociaciones, a base democrática,  es un derecho regulado por la ley. Tendrán una personalidad jurídica y ejercerán libremente su actividad contribuyendo a mejorar el nivel de eficiencia de sus miembros, defender sus derechos y proteger sus intereses.

El Estado garantiza la independencia de los sindicatos y asociaciones. Sus órganos directivos no podrán ser disueltos salvo por una resolución judicial.

Está prohibido crear sindicatos por parte de miembros de los cuerpos militares o policiales.

Artículo 77

La ley regulará la fundación de los colegios profesionales y su administración a base democrática, garantizará su independencia, especificará sus recursos y la forma de la inscripción de sus miembros y de interpelarlos por el ejercicio de su actividad profesional, de acuerdo con los códigos de conducta, ético y profesional. 

Se permitirá la fundación de un solo colegio por cada profesión. Tanto los colegios profesionales como sus órganos directivos sólo podrán ser disueltos bajo mandato judicial, y no podrán ser confiscados. Se consultará a los colegios profesionales a la hora de plantear  proyectos de leyes que los competen.

Artículo 78

El Estado garantiza a los ciudadanos una vivienda adecuada, segura y salubre que preserve la dignidad humana y realice la justicia social.

Se compromete también a adoptar un Plan Nacional de Vivienda que tenga en cuenta la particularidad medioambiental y promociona la contribución de las iniciativas autónomas y cooperativas en su implementación. Garantiza, además, la el buen uso del territorio nacional y de su dotación de las infraestructuras básicas en el marco de una planificación urbana integral de las ciudades y de los pueblos, y de acuerdo con cierta estrategia de distribución demográfica, que beneficie al interés público, mejore la calidad de vida de los ciudadanos y proteja los derechos de las próximas generaciones.

El Estado debe elaborar también un plan nacional integral para abordar el problema de los asentamientos irregulares, que procura replanificarlos, dotarlos de infraestructuras, y de servicios públicos y, mejorar la calidad de vida y la salubridad. Además,  deberá designar los recursos necesarios para la implementación del plan en un plazo determinado.

Artículo 79

Cada ciudadano tiene derecho a una alimentación sana y suficiente, y agua limpia. El Estado debe asegurar los recursos alimentarios a todos los ciudadanos. Asimismo, tiene que garantizar la soberanía alimentaria sostenible y, preservar la diversidad biológica agrícola y las especies vegetales locales con el fin de salvaguardar los derechos de las próximas generaciones.

Artículo 80

Se considera como niños todo menor de 18 años. Todo niño tiene derecho a un nombre propio, una documentación de identidad, una vacunación obligatoria gratuita, una atención sanitaria y cuidado de su propia familia o de una familia alternativa, una alimentación básica, un cobijo seguro, una educación religiosa y un desarrollo emocional y cognitivo.

El Estado también deberá salvaguardar los derechos de los niños con discapacidad,  su rehabilitación e integración en la sociedad.

El Estado se compromete a cuidar y proteger a los niños contra todo tipo de violencia, de abusos, de maltrato  y de la explotación sexual y comercial.

Todo niño tiene derecho a una educación preescolar en centros de infancia hasta los 6 años. Se prohíbe el empleo infantil antes de que cumplan la educación básica así como  se prohíbe emplearlos en trabajos que les ponen en peligro.

El Estado se compromete, también,  a desarrollar un sistema judicial para los niños, sean víctimas o testigos. Los niños no podrán ser interrogados ni retenidos penalmente, de modo que se contradice con la ley o con el periodo especificado por la misma. En tal caso, los niños deberán contar con una asistencia legal y ser recluidos en lugares apropiados y separados de los paraderos de detención de adultos.

El Estado se esforzará para lograr el máximo interés para el niño en todas las medidas adoptadas en su contra.

Artículo 81

El Estado deberá garantizar a las personas con discapacidad y a los enanos los derechos educativos, sanitarios, sociales, culturales, deportivos y recreativos. Deberá proporcionarles de oportunidades de trabajo, asignarles un porcentaje de los puestos disponibles de trabajo y adaptar las instalaciones públicas para satisfacer sus necesidades. El Estado debe facilitarles también el ejercicio de todos los derechos políticos, integrarles con los demás ciudadanos, basándose en  principios de igualdad, justicia y equidad de oportunidades.

Artículo 82

El Estado deberá atender a los niños y los jóvenes, procura detectar sus talentos, desarrollar sus aptitudes culturales, científicas, psicológicas, físicas y creativas; y animarles a involucrarse en el trabajo colectivo y voluntario, y empoderarlos para una participación política activa.

Artículo 83

Aparte de la asistencia sanitaria, el Estado garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y  recreativos de los mayores. Les proporcionará, además,  pensiones adecuadas para facilitarles un nivel de vida digna y una cierta participación en la vida pública. A la hora de planificar las instalaciones públicas, el Estado deberá tener en cuenta las necesidades de los de la tercera edad así como animar las organizaciones de la sociedad civil a participar en la atención a los ancianos. Todo lo anterior se hará según lo estipulado en la ley.

Artículo 84

Practicar un deporte es un derecho de todos los ciudadanos. Las instituciones del estatales y sociales deben procurar descubrir y patrocinar a los deportistas talentosos y tomar las medidas necesarias para fomentar la práctica del deporte.

La ley regulará los asuntos de deportes así como de las entidades deportivas civiles en conformidad con las normas internacionales y determinará la forma de resolver las controversias deportivas.

Artículo 85

Todo individuo tiene el derecho a dirigirse a las autoridades públicas por escrito y bajo su propia firma. No se permite dirigírselas en nombre de un grupo salvo que tenga una personalidad jurídica.

Artículo 86

Es un deber la protección de la seguridad nacional y, el compromiso de todos a salvaguardarla es una responsabilidad nacional garantizada por la ley. La defensa de la nación y la protección de sus territorios son  honor y deber sagrado. El servicio militar es obligatorio, según la ley.

Artículo 87

La participación de los ciudadanos en la vida pública es deber nacional. Todo individuo tiene el derecho a votar, presentarse a las elecciones y expresar su opinión en los referéndums. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. La exención de estos deberes es posible en ciertos casos establecidos por la ley.

Es responsabilidad del Estado incluir nombres de todos los ciudadanos en la base de datos del electorado una vez cumplidos los requisitos para que sea votante y sin que así lo solicite. El Estado deberá revisar, periódicamente y de acuerdo con la ley, las bases de datos de votantes. El Estado debe también garantizar la seguridad, la neutralidad, la transparencia y la integridad de los procedimientos relativos de referéndums y elecciones. Está prohibido el uso de los fondos públicos, entidades gubernamentales, instalaciones públicas, lugares de culto, instituciones del sector empresarial o de las sociedades y organizaciones civiles tanto para fines políticos como para propaganda electoral.

Artículo 88

El Estado se compromete a atender los intereses de los egipcios residentes en el extranjero, protegerlos, garantizar sus derechos y libertades, y facilitarles el  desempeño de sus deberes hacia el Estado y la sociedad, y posibilitar su contribución en el desarrollo de la patria.

La ley regulará su participación en las elecciones y referendos, en conformidad con sus circunstancias particulares y sin ceñirse a las disposiciones de la votación, el recuento de los votos y el anuncio de los resultados establecidos en la presente Constitución, sin pasar por alto las garantías que aseguren la imparcialidad y la neutralidad de los sufragios y  las consultas.

Artículo 89

Todas las formas de esclavitud, opresión, explotación forzada de seres humanos, tráfico sexual, y otras formas de tráfico en seres humanos están prohibidas y castigadas por la Ley.

Artículo 90

El Estado fomentará el sistema de los legados o donaciones píos para establecer y patrocinar las instituciones científicas, culturales, sociales, medicas, entre otras. El Estado garantiza la propia independencia de dicho sistema. Se gestionarán estas actividades de acuerdo con las condiciones del donante. Todo esto será regulado por la ley.

Artículo 91

El Estado podrá conceder el derecho de asilo político a todo extranjero que haya sido perseguido por su defensa de los intereses de su pueblo, los derechos humanos, la paz o la justicia.

Queda prohibida la extradición de los refugiados políticos. Todo lo anterior deberá ser regulado por la ley.

Artículo 92

Los derechos y las libertades inalienables de los ciudadanos no pueden ser suspendidos ni reducidos.

Ninguna de las leyes que regulan el ejercicio de los derechos y las libertades pueda restringirlos de manera que afecte su esencia o fundamento.

Artículo 93

El Estado se compromete con los acuerdos, pactos y convenios internacionales de derechos humanos, ratificados por Egipto. Tendrán el rigor de leyes tras su publicación en el boletín oficial y conforme a las disposiciones establecidas. 

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