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Título Cuarto<br> Soberanía de la ley

Monday، 03 February 2014 12:00 AM

 (Traducción no oficial)

Artículo 94

La soberanía de la ley será la base del gobierno del Estado.

El Estado será gobernado por la Ley. La independencia, la inmunidad del poder judicial y su imparcialidad son garantías básicas para salvaguardar los derechos y las libertades.

Artículo 95

Las penas serán personalizadas. No habrá ningún delito o pena salvo los establecidos en la ley. Las penas se aplicarán únicamente en base a una sentencia judicial y se aplicarán sólo a los delitos cometidos después de que una ley haya entrado en vigor.

Artículo 96

Un supuesto acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad tras un juicio justo y legal donde se le haya garantizado el derecho a defenderse.

La ley regula los procedimientos de apelación contra las sentencias relativas a delitos penales.

El Estado proporcionará la protección debida a las víctimas, testigos, acusados e informadores cuando sea necesario, según lo regulado por la ley.

Artículo 97

El derecho a pleitear y recurrir a los tribunales es inalienable y está garantizado para todos.

El Estado se comprometerá a facilitar el acceso a los tribunales a los litigantes y la rápida resolución de los casos. Está prohibido blindar cualquier ley o decisión administrativa contra el control del poder judicial. Toda persona será procesada únicamente ante su juez natural; están prohibidos también los tribunales excepcionales.

Artículo 98

El derecho a la defensa propia o a asistencia letrada está garantizado. La abogacía es una profesión libre y los abogados serán protegidos por garantías que les protejan y les permitan llevar a cabo su trabajo, a la manera regulada por ley.

La ley garantizará a los ciudadanos, que no pueden financiar el proceso de elevar un pleito, los medios necesarios para recurrir a la justicia y defender sus derechos.

Artículo 99

Todo atentado contra las libertades personales y la santidad de la privacidad de los ciudadanos, junto con los demás derechos y libertades generales, garantizados por la Constitución y la Ley, es un crimen imprescriptible ni civil ni penalmente. La parte perjudicada tendrá derecho a interponer una demanda penal directa.

El Estado garantizará una compensacion justa a los perjudicados.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos informará a la Fiscalía Pública de cualquier violación de estos derechos y podrá unirse a la demanda civil junto a la parte perjudicada, en base a una peticion del perjudicado, según lo regulado por la ley.

Articulo 100

Los fallos se expedirán y se aplicarán en nombre del pueblo. El Estado garantizará las medidas de su aplicación, conforme a lo regulado por la ley. La abstención o la obstrucción de la aplicación de tales sentencias por parte de los servidores públicos pertinentes es un delito punible.

La parte vencedora tiene derecho a elevar una demanda penal directamente al tribunal competente. Y a petición de la cual, la Fiscalía Pública deberá iniciar un proceso judicial penal en contra del servidor público que se abstuvo u  obstruyó la aplicación de la sentencia.

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