21 August 2019 04:15 PM

Título Segundo<br> Fundamentos básicos de la sociedad<br>Capítulo Primero <br>Fundamentos sociales

Sunday، 19 January 2014 12:00 AM

(Traducción no oficial)

Artículo 7:

Al-Azhar es una institución islámica científica independiente; tiene autoridad exclusiva sobre sus propios asuntos. Es la referencia básica en las ciencias teológicas y de los asuntos islámicos. Al-Azhar asume la responsabilidad de la predicación islámica, la difusión de las ciencias teológicas y la lengua árabe en Egipto y en el mundo.

El Estado debe asegurar los suficientes fondos para que Al-Azhar consiga sus objetivos.

El puesto de Gran Jeque de Al-Azhar es independiente y no puede ser destituido.

La ley regulará el método de elegirle de entre los miembros del Órgano de los Máximos Ulemas.

Artículo 8:

La sociedad se basa en la solidaridad social.

El Estado debe realizar la justicia social y facilitar los medios que logran la interdependencia social garantizando una vida digna para todos los ciudadanos, según lo dispuesto por la ley.

Artículo 9:

El Estado garantiza la igualdad entre todos los ciudadanos, sin discriminación.

Artículo 10:

La familia es la base de la sociedad y, está fundada en la religión, la moralidad y el patriotismo. El Estado preservará su cohesión y estabilidad, y asentará sus valores.

Artículo 11:

El Estado garantiza la igualdad entre la mujer y el hombre, en todos los derechos: civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, de acuerdo con los preceptos de la Constitución.

El Estado adopta las medidas que garantizan la representación adecuada de la mujer en las Cortes, según lo establecido por la ley. Asimismo, protege el derecho de la mujer a desempeñar cargos de gestión pública y de alto nivel en el Estado, y a ser nombrada, sin discriminación, en los órganos e instituciones judiciales.

El Estado debe proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia garantizando que la mujer pueda lograr un equilibrio
entre las obligaciones familiares y las exigencias del trabajo.

El Estado está comprometido con brindar especial cuidado y protección a la maternidad, a la infancia,  a la mujer que sea sostén de su familia, a las ancianas y a las mujeres más necesitadas.

Artículo 12:

El trabajo es un derecho, una obligación y un honor garantizado por el Estado. Ningún ciudadano puede ser obligado a trabajar salvo en los casos previstos por la ley y para realizar un servicio público por un período fijo a cambio de una retribución justa, y sin perjuicio de los derechos básicos de las personas encargadas de esa labor.

Artículo 13:

    El Estado está comprometido con la preservación de los derechos de los trabajadores, creando relaciones de trabajo equilibradas entre ambas partes del proceso de producción. El Estado garantizará la negociación colectiva laboral, la protección de los trabajadores de los riesgos laborales, el cumplimiento de los requisitos de la seguridad y la salud laboral y, la prohibición del despido improcedente de los trabajadores, con arreglo a la ley.

Artículo 14:

El empleo público es un derecho de los ciudadanos en base a criterios de mérito sin nepotismos ni favoritismos. Los funcionarios públicos deben trabajar para el servicio del pueblo. El Estado garantiza sus derechos, su protección y el cumplimiento de sus  respectivas funciones sirviendo a los intereses del pueblo. Ellos no pueden ser despedidos sin procedimientos disciplinarios, salvo en los casos previstos por la ley.

Artículo 15:

La huelga pacífica es un derecho regulado por la ley.

Artículo 16:

El Estado debe rendir homenaje a los mártires de la nación; cuidar a los heridos de la Revolución, a los veteranos y los heridos de guerra, a los familiares de los desaparecidos en la guerra y en los demás casos similares, así como a los heridos en las operaciones de seguridad, sus esposos, hijos y ​​ padres. El Estado se esfuerza para ofrecerles oportunidades de trabajo, todo según lo regulado por la ley.

El Estado promueve la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la consecución de esos objetivos.

Artículo 17:

El Estado presta los servicios de la seguridad social.

Cada ciudadano que no tenga acceso al sistema de seguridad social, tiene el derecho al seguro social que le garantiza una vida digna, si no tendría la capacidad de mantenerse a sí mismo y a su familia, y también en casos de incapacidad, vejez o desempleo.

El Estado debe dedicar una pensión adecuada a pequeños agricultores, trabajadores jornaleros, pescadores y trabajadores temporales, según lo establecido por la ley.

Los fondos de la seguridad social y las pensiones se consideran capitales privados que gozan de todos los aspectos y formas de protección concedidas a los recursos públicos. Estos fondos, junto con sus rendimientos son derechos exclusivos a sus respectivos beneficiarios, se invierten de forma segura, y están administrados por una entidad independiente de acuerdo a las normas legales.

El Estado salvaguarda los fondos de la seguridad social y de las pensiones.

Artículo 18:

Cada ciudadano tiene el derecho a la asistencia sanitaria integral, de acuerdo a los criterios de calidad. El Estado garantiza el mantenimiento y el desarrollo de los centros de salud pública que prestan servicios sanitarios al
pueblo, además de mejorar su eficiencia y su equitativa distribución geográfica.

El Estado debe dedicar a la sanidad un cierto porcentaje del gasto público no inferior al 3% del Producto nacional bruto de modo que se incrementará gradualmente hasta llegar a los estándares internacionales.

El Estado se compromete a establecer un sistema de seguro sanitario universal para todos los egipcios, que cubre todas las enfermedades. La ley regulará la contribución o la exención de su suscripción, según sus tasas de ingresos.

Es un delito el rechazo de presentar las distintas modalidades de tratamiento médico a cualquier persona, en caso de emergencia o peligro.

El Estado debe mejorar las condiciones de los médicos, del personal de enfermería y de los trabajadores de sector de la sanidad.

Todos los establecimientos de salud, así como productos, materiales y medios de publicidad, relacionados con la salud, están sujetos al control del Estado. El Estado    fomenta la participación del sector tanto privado como cooperativo en la prestación de servicios de atención sanitaria, de acuerdo con la ley.

 Artículo 19:

Cada ciudadano tiene derecho a la educación cuyos objetivos consisten en la creación del carácter egipcio, la preservación de la identidad nacional, el arraigo del método científico de pensar, el desarrollo de talento, la promoción de innovación, el establecimiento de los valores culturales y espirituales, y el asentamiento de los conceptos de la ciudadanía, la tolerancia y la no discriminación . El Estado debe poner en consideración los objetivos de la educación en los programas y currículos de enseñanza, y proporcionar esta educación de acuerdo con los estándares de calidad internacional.

La educación es obligatoria hasta el final de la etapa secundaria o su equivalente. El Estado garantiza, en las distintas etapas, una educación gratuita en las instituciones docentes del Estado, de acuerdo con la ley.

El Estado debe destinar a la educación un porcentaje del gasto público no inferior al 4%, del Producto nacional bruto que se elevará gradualmente hasta rozar los estándares internacionales.

El Estado supervisa la educación para asegurar que todas las escuelas e institutos didácticos,  públicos y privados, se ajustan a sus políticas pedagógicas.

Artículo 20:

El Estado debe fomentar la educación técnica y, promover y desarrollar la formación profesional ampliando todos sus tipos, según los estándares de calidad internacional y de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo.

Artículo 21:

El Estado debe garantizar la independencia de las universidades y las academias científicas y lingüísticas y, proporcionar una educación universitaria que cumpla con los estándares de calidad internacional. El Estado desarrollará la enseñanza universitaria en los institutos y las universidades públicas, garantizando su gratuidad, según lo establecido por la ley.

El Estado debe dedicar a la enseñanza universitaria un cierto porcentaje del gasto público no inferior al 2% del Producto nacional bruto que se incrementará gradualmente para llegar a las normas internacionales.

El Estado fomentará la fundación de las universidades no gubernamentales, sin ánimo de lucro y, garantizará la calidad de la enseñanza en las universidades privadas y no gubernamentales y, su cumplimiento con los estándares internacionales de calidad, la formación de los profesorados e investigadores y, la asignación de un porcentaje suficiente de sus ingresos al desarrollo del proceso didáctico y de la investigación.

Artículo 22:

El profesorado de los colegios y de las universidades, y sus asistentes, son el pilar principal de la educación. El Estado debe garantizar el desarrollo de sus capacidades académicas y de sus habilidades profesionales, además de cuidar sus derechos económicos y morales con el fin de garantizar la calidad de la educación y el logro de sus metas.

Artículo 23:

El Estado debe garantizar la libertad de la investigación científica y fomentar sus instituciones, considerándola un medio para el logro de la soberanía nacional y la creación de la economía de conocimiento. El Estado se compromete a patrocinar a los investigadores e inventores, y destinar a la investigación científica un porcentaje del gasto público no inferior al 1%, del Producto nacional bruto que se aumentaría gradualmente hasta llegar a las normas internacionales.

El Estado vela por brindar los medios necesarios para la contribución eficaz de los sectores privado y no gubernamental, además de la participación de los expatriados egipcios en el progreso de las investigaciones científicas.

Artículo 24:

La lengua árabe, la educación religiosa y todas las épocas de la Historia nacional son asignaturas principales en todos los niveles de educación preuniversitaria, pública y privada. Las universidades deberán dar cursos sobre los derechos humanos, los valores y las disciplinas éticas de las diferentes especialidades científicas.

Artículo 25:

El Estado debe desarrollar un plan integral para erradicar el analfabetismo, alfabético y digital, para los ciudadanos de todas las edades y se compromete a desarrollar los mecanismos de su aplicación con la participación de las instituciones de la sociedad civil en un calendario específico.

Artículo 26:

La institución de títulos civiles está prohibida.

 

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