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Introducción

Tuesday، 03 December 2013 12:00 AM

 

La actividad de las organizaciones no gubernamentales )ONGs) empezó en Egipto en el siglo XIX con la fundación de la Asociación Griega en Alejandría en 1821. Cuatro décadas más tarde se fundaron un conjunto de asociaciones de carácter cultural y científico como consecuencia de la vuelta masiva en aquel momento de los becarios egipcios en el extranjero.

Desde mediados de los ochenta hasta la actualidad, el número de las organizaciones no gubernamentales se ha duplicado varias veces. En 1985 había 7593 ONGs registradas en Egipto; en 1991 se elevó el número a 16.000, llegando a 21.500 en 2007.

Las sociedades religiosas junto a las asociaciones dedicadas al desarrollo representan más de la mitad de todas estas instituciones. Otros grupos importantes incluyen las asociaciones de deportes, las juveniles, los clubes sociales y las cooperativas. Las asociaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos representan un pequeño porcentaje de estas organizaciones, pero desempeñan un papel crucial en la protección de la libre asociación y de otros derechos y libertades claves para toda la sociedad civil egipcia. Entre sus actividades figuran la elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos, la prestación de asistencia legal, la observación electoral o la promoción de los valores democráticos. A pesar de contar con este abanico de asociaciones, la actividad de la sociedad civil bajo el régimen de Mubarak fue prácticamente restringida y las coacciones del Gobierno fueron evidentes, y en aumento, desde la década de los noventa.

El trabajo de estas asociaciones civiles se rige por la ley número 84 de 2002 que supuso un paso cualitativo, permitiendo la fundación de las nuevas asociaciones por notificación, y reduciendo las restricciones administrativas para las mismas. Sin embargo, la ley dificulta todavía la labor de las organizaciones no gubernamentales con varias restricciones, entre ellas obligar a las asociaciones la inscripción en el registro del Ministerio de Asuntos Sociales, reservándose el derecho de autorizarlas o disolverlas, así como de aprobar sus juntas directivas, controlar sus fuentes de financiación o incluso de imponer fuertes sanciones en el caso de incumplimiento de esta normativa.

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