El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer su informe sobre el desalojo, el 14 de agosto de 2013, de la acampada de los partidarios del destituido presidente, Mohamed Morsi, en la Plaza de Rabaa Al-Adawuiya, al este de El Cairo. El documento, centrado exclusivamente sobre el día del desalojo de la acampada, aclara las violaciones detectadas por la Comisión de Investigación del Consejo basándose en la información, los testimonios presenciales y las grabaciones de videos recibidas, llegando a determinar la responsabilidad de las diferentes partes implicadas. El documento incluye una referencia a la experiencia de diferentes países en el desalojo de acampadas tales como Turquía, España, Gran Bretaña, Grecia, Australia, Brasil y Estados Unidos.

El texto plantea la base legal aplicada a la hora de desalojar una acampadas, a la luz tanto de los estándares internacionales de derechos humanos, que definen los requisitos del uso de la fuerza o las armas de fuego, de acuerdo con las normativas y los principios de Naciones Unidas, como de las normas establecidas en las leyes y los reglamentos egipcios.

Según el informe,  la elección de la Plaza de Rabaa, en si misma, por parte de los Hermanos Musulmanes y los partidarios del presidente Morsi para acampar constituía una amenaza al derecho a la vivienda de los vecinos,  obstruía el tráfico, violaba el derecho al traslado y perjudicaba los intereses públicos. Aseguró, además, que durante la acampada fueron cometidos crímenes de tortura, asesinatos e incitación directa a la violencia. Los organizadores, prosiguió el documento, permitieron la entrada de armas quitándole el carácter “pacífico”, y poniendo en peligro la vida y la integridad de los civiles, ya que los armados se ocultaban entre ellos sin llevar una licencia o documento que revela la fuente de las armas.  

El documento del CNDH egipcio afirmó que la implementación de la decisión de la fiscalía de desalojar la acampada estaba conforme a los estándares de derecho internacional, que criminaliza las aglomeraciones no pacificas  o las que constituyen una violación de los derechos humanos.  Agregó que las fuerzas de seguridad asignaron una vía segura para la salida de los acampados, pero los enfrentamientos entre los armados y las fuerzas de seguridad impidieron que dicha vía sea “segura” durante todo el día del desalojo. Señaló, tambien,  que las fuerzas de seguridad sí se vieron en “necesidad” de recurrir a las armas de fuego para hacer frente a los armados, pero esto no justifica pasarse el límite “proporcional” a la hora de usar  la fuerza, poniendo en peligro la vida y la integridad física de muchos de los acampados pacíficos.

 “Las ambulancias no pudieron desempeñar perfectamente su papel en salvar a los heridos por temor al tiroteo recíproco, lo que perjudicó la eficiencia de la atención a los heridos en vistas de la falta de equipamiento médico en los hospitales y las unidades existentes en el entorno de la acampada“, puntualizó el documento.

El informe se refirió a algunas violaciones cometidas durante el desalojo, como el lugar elegido para acampar, secuestro, detenciones y torturas de ciudadanos, el hecho de armarse por parte de los acampados, asegurando que el total de torturas conducentes al fallecimiento – de acuerdo con el Informe de la Organización Egipcia de Derechos Humanas – llega a 5 casos. Además, se han documentado varios casos de violaciones durante la acampada: el uso de los civiles como escudos humanos, la indisponibilidad de los acampados de evacuar, entre otros.  

La Comisión documentó, según el estudio, disparos recíprocos, uso de armas de fuego de forma desproporcionada con el objetivo de parar los disparos por parte de las fuerzas de seguridad. Otros testimonios relataron que el uso ciego de la fuerza para silenciar la fuente de disparos era indiscriminado dejando muchos muertos y heridos.