El gobierno egipcio examinó el informe emitido el 12 de agosto por la organización de Human Rights Watch (HRW) calificado como negativo y tendencioso en lo que se refiere a los actos de violencia en Egipto a lo largo del 2013, ignorando los ataques terroristas cometidos por los Hermanos Musulmanes y sus partidarios.

El gobierno egipcio no fue sorprendido por el informe a la luz de las tendencias conocidas de la organización, por eso lo rechaza y critica su falta de neutralidad, mientras sigue adaptando las mismas tendencias subjetivas contra Egipto.

También su descripción de las acciones a lo largo de julio y agosto de 2013 no solo refleja la falta de profesionalidad de los responsables de la organización dependiendo de testigos desconocidos y fuentes parciales y no confiables, sino también afirma que los autores del informe son totalmente inconscientes de lo que pasa en la sociedad egipcia y su tendencia ideológica y política a lo largo de los últimos tres años.

Asimismo, la organización no tiene ningún reconocimiento jurídico para trabajar en Egipto, por lo tanto sus investigaciones, su recogida de evidencias y sus entrevistas con los testigos de los actos de violencia sin base jurídico, se consideran una violación flagrante de la ley internacional que estipula la soberanía del país sobre su territorio. Además, la decisión de dicha organización de retirar  su solicitud de obtener un permiso para trabajar en Egipto  como ONG según las disposiciones de la ley 84 del año 2002 y su reglamento de aplicación.
Nuestro gobierno lamenta que el informe no puso en consideración -intencionalmente- la muerte de cientos de víctimas de la policía, el ejército y los civiles como consecuencia de los actos de violencia y de terrorismo que siguen hasta el momento a través de ataques y explosiones cometidos por los calificados, según su informe, como “manifestantes pacíficos”.

El informe ignoraba que el primero que murió de disparo en el desalojo del campamento fue uno de los agentes de policía encargado de instar a los manifestantes a través de las altavoces para salir seguramente del campamento. Por ello, dicho informe no tiene ni objetividad ni credibilidad en el recuento de los actos. La lectura atenta del mismo afirma que se alinea a las alegaciones del  la Coalición de Apoyo a la Legitimidad  y es la otra cara de la organización terrorista "la Hermandad Musulmana”.

El gobierno egipcio subraya que ha formado un comité nacional independiente encabezada por Foad Abdelmonem Riad, magistrado internacional, para recoger y documentar los actos de violencia no solo durante el desalojo del campamento de  Rabá al-Adawiya y Nahda  sino también en los actos de violencia que tuvieron lugar desde el 30 de junio 2013. Por lo cual, los resultados del informe y sus recomendaciones anticiparon los del Comité Nacional de Investigación, violando la soberanía de la ley y es una injerencia flagrante del trabajo de las instituciones de investigación y de justicia que pone en peligro la independencia y la integridad del poder judicial egipcio.

Al mismo tiempo, el informe hizo caso omiso a las realidades citadas en otros informes realizados por las organizaciones de la sociedad civil egipcias incluyendo el del centro de Ibn Jaldún y del Comité de Investigación formado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Éstos abordaron de una manera imparcial los trámites  adoptados por las autoridades egipcias, puesto que el desalojo del campamento fue realizado bajo un orden de la fiscalía general. Además, las autoridades instaron a los manifestantes dejar el campamento dándoles una oportunidad de salida segura y ofreciéndoles medios de transportes para llevarles fuera de esta zona. Es digno de mencionar que las autoridades egipcias han seguido las reglas de la ley y los criterios internacionales y éticos conocidos en estos casos de desalojo.

Además el informe no mencionó el descontento de los habitantes de la zona de que el  campamento se convirtió en un foco criminal que aterrorizaba a la gente segura.
Egipto exhorta a dicha organización verificar la precisión y la objetividad profesional en los asuntos relacionados con la situación egipcia siempre  que sus representantes insistan en visitar el país y emitir su informe coincidiendo con los actos sospechosos cometidos por esta organización terrorista y sus acólitos. 

Egipto asegura su total respeto a los derechos humanos y las libertades básicas en conformidad con la Constitución egipcia de 2014 y la ley internacional de los derechos humanos.