Entre los diferentes retos que enfrentó el presidente Mohamed Morsi a su llegada al poder, el 30 de junio de 2012, el más urgente consistía en encontrar el mejor modo para enderezar la economía. Dos años antes, los egipcios habían salido a las calles anhelosos no sólo de justicia social y libertad sino también de reformas económicas y mejoras en sus condiciones de vida. Fijar un salario mínimo digno era concretamente una de las reclamaciones de la Revolución del 25 de Enero. Un año después de la llegada de Morsi al poder, la situación económica de los egipcios seguía igual y las cuentas públicas, peor, aquejadas por dos años de inestabilidad y por la desaparición de cualquier rastro de inversión.

La Declaración Constitucional lanzada por el presidente Morsi en noviembre de 2012 auto-otorgando, entre otras cosas, más poder y blindando sus decisiones contra los fallos judiciales no solo incendió de nuevo las calles de Egipto, sino que también encendió las alarmas de unas cuentas ya muy afectadas que apenas empezaban a ver números anteriores a la revolución. Muchos analistas destacaron entonces que dicha medida puso en duda la estabilidad de las instituciones del Estado, lo que ha retrasado la reactivación de la economía del país.

El resultado fue que, unos seis meses después de esta Declaración y al cabo de un año del gobierno de Morsi, los principales indicadores macroeconómicos denotaban el caso de un paciente bastante grave. Según los datos oficiales, la deuda exterior del país  cuando Morsi llegó al poder era unos 34 mil millones de dólares. En un solo año de gobierno, Morsi tomó un préstamo de 7 mil millones de dólares de Qatar, dos mil millones de Libia, otros dos mil millones de Turquía y retiró un mil millones de un préstamo firmado con el Banco Islámico de Desarrollo lo que significa que añadió 11 mil millones de a la deuda externa que llegó a 45.5 mil millones sin hacer mucho para movilizar los recursos locales ni reformar las balanzas desequilibradas.

El 30 de junio de 2012, Morsi asumió la presidencia de Egipto con el tipo de cambio de la libra 0.17 dólares estadounidenses que se retrocedió al 0.14 unos días antes de apartarle del poder en cumplimiento de la voluntad popular expresada en las manifestaciones del 30 de junio de 2013. Esta devaluación de la libra frente al dólar provocó una gran subida en los precios de los diferentes bienes lo que ha perjudicado sobre todo a los pobres y la clase media. Concretamente, los más afectados han sido los asalariados y los pensionistas debido al desgaste del poder adquisitivo de sus ingresos frente al incremento del valor de las propiedades y los bienes inmobiliarios aumentando la riqueza de los poseedores de patrimonios.

Con la llegada de Morsi al poder, la corrupción estaba descomponiendo al país debido a un sistema de salarios injusto que deja a los funcionarios vulnerables ante el soborno; a la dependencia de los servicios de control del poder ejecutivo que en teoría deberían controlar y a la debilidad del sistema legal y de penalizaciones de las prácticas de corrupción. Morsi mantuvo el corrupto sistema de salarios intacto, puso todos los servicios de control bajo su mandato siendo él la cabeza del poder ejecutivo que debería vigilado por estos servicios. Esto reprodujo la situación de la contradicción de los intereses que destruye cualquier posibilidad de real de frenar o luchar contra la corrupción. Además, tanto el presidente Morsi como la Asamblea del Pueblo controlada por su partido que tenía el poder legislativo antes de su llegada al poder mantuvieron las débiles penalizaciones de las prácticas corruptas.

Por otro lado, el nivel de desempleo, tras la llegada de Morsi al poder, había elevado al 12.5% y con la ausencia de políticas activas de empleo  se incrementó al 13.2%. 

Las políticas económicas de Morsi produjeron un retroceso del crecimiento económico en el tercer trimestre ya que se ha bajado a un 2,6%, y el paro oficial —mucho menor al real— ha aumentado dos puntos durante 2013 registrando 13.2% respecto del 13% en el último trimestre de 2012, y del 9.1 % en el primer trimestre de 2010.