Después de las revoluciones y durante las transiciones políticas, los estados suelen  enfrentarse con graves fallos en sus sectores productivos lo que, a su vez, afecta negativamente el funcionamiento de su economía. Esto es el caso que va experimentando Egipto desde el 25 de enero de 2011 y hasta la actualidad, aun con los cortos paréntesis de recuperación económica.

Entre los factores que van perjudicando con diferentes grados la marcha de la economía egipcia desde la revolución del 25 de Enero de 2011, sobresalen: 

• El retroceso de los niveles de seguridad sobre todo en los meses posteriores a la Revolución así como después de la corrección de la marcha de dicha revolución a partir del 3 de julio de 2013. La inseguridad, que requiere a veces imponer un toque de queda, paraliza la maquinaria productiva en varios sectores, sobre todo el financiero y el comercial, provocando más paro y menos ingresos nacionales;
• El incremento de las presiones y los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad y del ejército debido a la ilegal afluencia masiva de armas a través de las fronteras, y la infiltración de elementos extremistas, que pretenden imponer su agenda por la violencia, ahuyenta el turismo y las inversiones extranjeras;
• El brote sucesivo de varios acontecimientos de violencia en distintos puntos del país da una imagen de inestabilidad interna que afecta también el turismo y las inversiones;
• La continuidad de las manifestaciones y de las protestas laborales durante el período de transición y los primeros meses de gobierno del presidente electo no permitían dar pasos adelante a nivel económico en momentos de menos tensión política. 

Este contexto contribuyó directamente en devaluar la clasificación crediticia de Egipto e incrementar el tipo de interés de la deuda gubernamental interna y externa. Además, la huida de las inversiones extranjeras, el retroceso de los niveles de atracción turística incrementaron el déficit presupuestario hasta el doble de lo que era en 2010-2011.

En este contexto, la salida que veía el gobierno presidido por Hisham Kandil era llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir un préstamo que podía haberse considerado como un certificado de confianza en la capacidad de la economía egipcia a recuperarse.