Ante la amenaza terrorista que pretende desestabilizar el país por la violencia, el terror y el sectarismo, el Gobierno de Egipto presidido por Hazem el-Beblaui aseguró reiteradamente que no escatimaría ningún esfuerzo para afrontar, con toda firmeza y fuerza, a todo quien pone en peligro la seguridad nacional y la integración de los ciudadanos.

En una rueda de prensa el 25 de agosto para anunciar la formación de una comisión para para mantener el camino la democracia, El-Beblaui dejó claro que el Gobierno “antepone los intereses nacionales a cualquier otra consideración y rechaza las presiones exteriores” que, en sus posiciones hacia Egipto, parten de intereses particulares y evaluaciones imprecisas del desarrollo de la situación social y política en el país.

Afirmó también que su gobierno, que insiste en seguir luchando contra los peligros de seguridad sin tregua ni cuartel, está firmemente convencido y comprometido a trabajar social y políticamente para establecer un régimen democrático que garantice los derechos y las libertades de los ciudadanos.

El-Beblaui aseguró además que su gobierno está invirtiendo todo lo que está a su alcance para conservar las vidas de los egipcios y acabar con la tensión y la crispación entre los hijos de la misma patria. En este sentido, aclaró que el Gobierno está abierto a la colaboración con todos los egipcios siempre que no estén involucrados en crímenes de sangre, se comprometan con la paz, rechacen la violencia y respeten la hoja del futuro derivada de la Declaración Constitucional del 8 de julio de 2013. Partiendo de esta lógica y entendiendo que el futuro de Egipto  depende del consenso y la armonía entre sus ciudadanos, el Gobierno puso en marcha el “Programa para mantener el camino hacia la democracia” cuya finalidad es abrir las puertas de la participación política y social ante todos los ciudadanos en el marco de las condiciones que garanticen un correcto desarrollo de la transición democrática, protejan las libertades y los derechos básicos de los ciudadanos durante el período de transición y aseguren la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales libres y transparentes. 

Los preceptos en que se basa este programa, tal como los anunció el presidente del gobierno, son:

1- Seguir adelante con la hoja de ruta tal como viene en la Declaración Constitucional de modo que garantice la participación de todas las fuerzas políticas llegando a celebrar el referéndum sobre la nueva constitución, y unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres y transparentes en las fechas establecidas propiciando todas las reglas legales y prácticas para ello;

2- El compromiso del Gobierno a garantizar la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos y resguardar sus integridades, sus libertades y sus propiedades y, a la lucha contra la violencia y el terrorismo;

3- El apoyo total del Gobierno al proceso de la constante construcción de las instituciones que contribuyen a fortalecer la marcha democrática. Eso incluye remodelar y activar el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Justicia y la Igualdad y, capacitarlos para que puedan desempeñar todos sus papeles en impulsar la democracia y la igualdad entre los ciudadanos; luchar eficazmente contra el sectarismo y proteger los derechos de la mujer en la sociedad;

4- El Gobierno concluirá, tras consultas con las potencias políticas y con la sociedad civil, el marco legal, administrativo y ejecutivo que garantice la perfección y la transparencia del proceso democrático incluyendo la eliminación del estado de emergencia en cuanto desaparezcan los motivos conducentes al mismo y la promulgación de nuevas legislaciones que permiten el funcionamiento sin restricciones de la sociedad civil, la libre circulación tanto de la información, como de la organización de manifestaciones pacificas; regulan la financiación de las elecciones y las garanticen la independencia de la Comisión Suprema Electoral, y su supervisión de todo el proceso electoral así como de las organizaciones civil e internacional pertinentes del mismo;

5- Afirmar el compromiso del estado a la protección de los derechos y las libertades públicas de todos los ciudadanos de acuerdo con lo estipulado en la Ley egipcia y, los tratados y los acuerdos internacionales, es decir garantizar el derecho a la manifestación pacífica de acuerdo con la Ley y los criterios internacionales que criminalizan a los que violen la pacificación de las manifestaciones, corten  carreteras, amenacen la vida de la gente y las propiedades públicas y privadas o incitan a hacerlo;

6- Facilitar el trabajo político y la participación en la competencia democrática a todo quien no ha sido involucrado en crímenes de sangre siempre que no atente contra la ley y/o a la hoja de ruta, repudie la violencia y la instigación a la misma y respete la igualdad de todos los ciudadanos sin discriminación;

7- Aferrarse al compromiso de todas las partes que desean participar en la política con el rechazo de la violencia sin restricción ni condición alguna y con la entrega de las armas. los

8- Afrontar firmemente cualquier tipo de agresión a lugares de culto en todo el país; respetar el derecho de todos los ciudadanos en practicar su fe libre y seguramente en el marco la disciplina de política pública; prohibir el uso de los espacios religiosos para fines políticos; y trabajar para asentar la cultura y las prácticas de la no discriminación entre los ciudadanos y la promulgación de legislaciones que protejan a la ciudadanía y la igualdad entre todos los segmentos de la sociedad egipcia;

9- El compromiso del gobierno acerca de establecer un marco legal y profesional que proteja la libertad de opinión y de expresión y, favorezca la elaboración de códigos de conducta periodísticos y a la vez  independencia de la Media;

10- Llamar a todos los ciudadanos a colaborarse y disponerse a construir la patria, fomentar la economía egipcia y maximizar los valores del trabajo y de la producción así como esforzarse para propiciar las condiciones necesarias para que el Gobierno facilite una vida digna a los ciudadanos. En este sentido, el Gobierno se compromete a adoptar las políticas que logren la justicia social que representa  una de las más importantes reclamaciones de la Revolución y, plantear un programa para llevarlo a cabo de forma sostenible y garantizar la protección social a quien lo merezca;

11- Aplicar un programa nacional de justicia transitoria por parte de comités nacionales independientes cuyo objetivo es recuperar el consenso, la unidad y la armonía de la sociedad egipcia a través de los mecanismos de transparencia, de rendimiento de cuentas y de reconciliación, y así como mediante la reanudación y la conclusión de los trabajos de las comisiones de investigación en los diferentes crímenes ocurridos durante y después de la revolución y, finalmente, elaborar y promulgar una ley relativa a la justicia transitoria.

En este contexto, el Gobierno ha formado una comisión ad hoc para velar por la marcha hacia la democracia compuesto por 6 personajes que gozan de gran prestigio: Mounir Fakhry Abdelnour, ministro de Comercio e Industria y, Zeyyad Bahaaeldin, viceprimer ministro para asuntos económicos, fueron elegidos como representantes del Gobierno; Mostafa Higazi, consejero político del presidente de Egipto y, el magistrado Ali Awad, consejero legal del presidente, seleccionados como representantes de la presidencia del Gobierno; y Amr el Shobky, ex parlamentario independiente y profesor de ciencias políticas y, Ezzeldin Fisher, profesor de ciencias políticas, como representantes de las figuras públicas.

El comité antes mencionado celebró su primera sesión el 11 de septiembre de 2013 para discutir el mecanismo que permitiría la participación política y social de todas las partes implicadas y presentó un informe preliminar con sus recomendaciones al Comité de Reconciliación Nacional, el Consejo Nacional de Defensa y al Consejo de Ministros.